Territorios indigenas en Bolivia
¿Acaso la tierra está enferma?
Desde hace siglos, el acceso a la tierra ha estado en el centro de los juegos de poder y de la política en América Latina. La titulación de tierras ha sido en Bolivia la punta de lanza programática de los dirigentes de turno, desde la colonia. La corona española implementó varias políticas sucesivas de titulación para garantizar el control sobre a población indígena, los recursos naturales y en particular la tierra. La titularización de tierra a favor de los campesinos representa el programa emblemático de la Revolución Nacional del 1952 y significa la base y el fundamento de fundación de una Bolivia que se quería moderna y progresista. Así mismo después de los años de dictadura, el regreso a la democracia es el escenario de amplias dotaciones de tierras en el oriente para sellar pactos políticos.
Resultado de las movilizaciones de las organizaciones indígena desde el inicio de los ´90s, el Gobierno de Sanchez de Lozada implementa una política de tierras que pretende “sanear” la propiedad agraria en Bolivia, con una innovación: las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) que reconocen la relación ancestral entre un pueblo originario y su territorio. Esta novedad jurídica es el resultado de la reivindicación de los pueblos indígenas para el reconocimiento de su derecho a la “Tierra y el Territorio”. El Gobierno de Evo Morales, desde el 2006, continúa con la política de saneamiento de TCOs, y la fortalece mediante la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
La TCO, más allá de titulo de propiedad agraria, es percibido por los “demandantes” como un hito histórico ya que, además de brindar garantía jurídica sobre la tierra, replantea la relación entre esta población y su territorio, y por también su propia relación con el Estado. ¿En qué sentido? Púes por un lado, para los líderes de las organizaciones indígenas, la TCO es una garantía para exigir los derechos colectivos, y en particular el derecho a la consulta en cuanto al aprovechamiento de los recursos no renovables que se encuentran en su territorio; para la población demandante el proceso tiene implicanciones relevantes: lleva al tratamiento de conflictos (de uso, de límites, de gestión del poder…), implica necesariamente tratar la cuestión del autogobierno, la organización territorial del poder y la autoridad sobre el territorio, subentiende también una redefinición de quiénes son los derecho habientes en el territorio (mediante la definición del “padroncillo”) y más adelante la discusión de los derechos de aprovechamiento de los recursos dentro de las comunidades saneadas (a través del llamado “saneamiento interno”). Las comunidades, ayllus y markas siendo – o no – TCO, cuentan con mecanismos de gestión de sus territorio, acatan una gestión de la autoridad en función de reglas ancestrales pero regularmente actualizadas, así que la TCO no es necesariamente el paso previo a la Gestión Territorial Indígena, sin embargo entrar al proceso de saneamiento como TCO abre la oportunidad de reflexionar y tal vez replantear estos mecanismos y estas reglas.
Sin duda la forma en que la política de San TCO es implementada si trae cambios en la configuración del poder y su territorialidad. Tomaremos un ejemplo hipotético: un ayllu cuya máxima autoridad es nombrada de manera rotativa entre 5 comunidades se encuentra “poligonizado” por concepto de saneamiento, un procedimiento jurídico administrativo que consiste en dividir un territorio objeto de demanda de TCO en varias partes, muchas veces para aislar zonas en conflicto, las cuales son posteriormente separadas del territorio demandado. En este caso, se encuentra dividido entre un hipotético polígono 1 (de 3 comunidades) y otro polígono, el 2 (de 2 comunidades), se rompe con la dinámica territorial ancestral y se corre el riesgo de fragmentar aún más los territorios indígenas, en vez de “reconstituirlos” como es el deseo de CONAMAQ.
Si bien es un proceso jurídico más en la historia boliviana de las políticas agrarias, nos parece que el proceso SAN TCO, es también un programa relevante porque: a) se relaciona con el reconocimiento de los Derechos Indígenas promulgados por la OIT, b) brinda un significado político profundo para la gestión territorial y la autonomía y por ende las relaciones entre pueblos indígenas y Estado, c) replantea la cuestión de los derechos y más ampliamente del poder y la autoridad, d) aborda en el trasfondo la cuestión de la equidad (entre géneros, entre generaciones, entre grupos más o menos empoderados económicamente y/o socialmente dentro de la comunidad).
El presente libro presenta así la experiencia de Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) en su acompañamiento a CONAMAQ y 5 de sus regionales en el proceso de saneamiento de TCOs, y las enseñanzas de este trabajo conjunto. Esta experiencia se desarrolló entre 2006 y 2009, en el marco del Programa de Apoyo a los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Embajada de Dinamarca.
Además de los resultados tangibles de este trabajo conjunto, que son los títulos otorgados a las TCO, hemos acordado desde un principio que este proceso debía dejar capacidades fortalecidas en CONAMAQ y sus regionales. Nos hemos empeñado para que esto suceda y podemos citar algunos ejemplos de actividades conjuntas como es la formación de jóvenes técnicos y autoridades en sistemas de información geográfica, los intercambios de gestión territorial, la organización del tribunal agrario de la mujer, la incidencia en los espacios políticos de definición agraria (Comisión Agraria Departamentales, CITCOs…). Esperamos que estas experiencias y aprendizajes compartidos sirvan para que CONAMAQ pueda encabezar el proceso de titularización de TCOs e incidir para que esta política refuerce su propuesta política de reconstituir los territorios originarios y restituirles su gobernabilidad.
