En Guatemala, se estima que 79.2% de la población indígena rural se encuentra en situación de pobreza general (ENCOVI 2014). La desprotección de los derechos humanos de los pueblos provoca altos niveles de conflictividad social en áreas rurales. Existen conflictos sobre el acceso, la tenencia y posesión de la tierra, derechos de propiedad, e invasiones. La Secretaria de Asuntos Agrarios registró 1,370 casos de conflictos en el 2013, de los cuales, 71% viene de disputas de derechos a tierra. Se vinculan a la otorgación de licencias a proyectos mineros, hidroeléctricas, cementeras y monocultivos sin consultar a las comunidades indígenas y multiculturales.
La acción que propone el consorcio conformado por Aproba-Sank, AVSF, Fundamaya y Utz Che’ busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil, particularmente, de comunidades indígenas y multiculturales y sus autoridades integradas en estructuras organizativas propias en diferentes niveles territoriales de participar, con equidad de género y generacional, en la definición e implementación de leyes y políticas públicas. Busca que 80 autoridades y organizaciones de pueblos indígenas incrementen sus capacidades propositivas y de influencia en políticas públicas en temas de relevancia nacional (desarrollo rural sostenible e inclusivo, acceso y gestión de la tierra y recursos naturales). Específicamente, se enfoca en el desarrollo de capacidades de negociación y diálogo para i) prevenir y reducir conflictividad en la gestión de los recursos naturales y ii) concertar con otros actores propuestas y modelos propios de desarrollo para una sociedad más equitativa, democrática e inclusiva.
Como efecto directo de las acciones del proyecto, se buscaran que (i) 100 comunidades indígenas y multiculturales y sus autoridades rescatarán y fortalecerán modelos alternativos para la gobernanza local y el desarrollo integral y con equidad de familias campesinas e indígenas; (ii) 300 autoridades de comunidades indígenas y multiculturales (20 % de mujeres) estarán monitoreando la implementación de leyes y políticas públicas de desarrollo territorial y rural, gestión ambiental y de recursos naturales (y otras relacionadas) y sus efectos en sus territorios, cuestionando su pertinencia para el desarrollo integral y sostenible de los mismos, tomando acciones contra violaciones a sus derechos y actos de corrupción; y finalmente (iii) 200 autoridades (20% de mujeres) de comunidades indígenas y multiculturales participarán en espacios de diálogos y concertación de políticas públicas relacionadas al desarrollo de sus territorios y comunidades con por lo menos 6 planteamientos y propuestas construidos desde sus propias experiencias.
